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10.8.07

Jurisprudencia Contratos

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27.11.06

El mandatario que inscribe a su nombre pertenencia minera encargada, sólo tiene una inscripción de papel. Mandante, Continuidad Objetiva y Subjetiva

Mandato, Representación Elemento de la Naturaleza. Representación, Actuación Nombre Propio de Mandatario. Mandatario, Inscripción de Papel a Nombre Propio. Mandante, Continuidad Subjetiva. Mandante, Continuidad Objetiva. Sindicato de Obreros, Conversión en Asociación Gremial

La modalidad, representación en el mandato, no es elemento de su esencia, por el contrario, es de la naturaleza, circunstancia que permite que el mandatario actúe “nomine propio”, sin que con ello se altere la calidad jurídica de las partes en el contrato, de manera que el mandatario siempre contrata por cuenta y riesgo del mandante. Extrapolando estos principios al caso sub judice, las actuaciones del mandatario -inscribir las pertenencias mineras en que consistía el encargo y por lo tanto no siendo titular del derecho- sólo pudieron dar origen a una “inscripción de papel” en lo que a su persona se refiere, no estando amparados por los principios de la posesión inscrita. Considerando 11º.

La actora (mandante) es la persona jurídica denominada “Sindicato Profesional de Obreros Canteros de la Cantera Pan de Azúcar de Colina”, cuya continuadora fue la “Asociación Gremial de Trabajadores Canteros Colina”. Entre dichas personas jurídicas existe una continuidad subjetiva y objetiva, que se expresa con claridad en el Decreto Ley N° 2.757. Considerando 12º.

Sentencia Corte Suprema

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil seis.

Vistos:

En estos autos rol Nº 2.206-2004, don José López Gutiérrez, abogado, por la parte demandada de Fidel Aguilera León, dedujo recurso de casación en el fondo en contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado, dictada por el Décimo Sexto Juzgado Civil de esta ciudad, que acogió la demanda.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°) Que el recurrente denuncia la infracción de los artículos que detalla, los cuales agrupa en los siguientes capítulos:

a) Infracción del artículo 892 del Código Civil en relación con el artículo 94 del Código de Minería, por cuanto la sentencia recurrida no habría aplicado el artículo 892 del Código primeramente citado, en cuanto a que esta norma exige determinar la cuota pro indiviso que se reivindica en una cosa singular.

Señala que el demandante no determinó que proporción le correspondía en la pertenencia minera cuyas cuotas reivindicaba lo que constituye una exigencia esencial del Código del ramo para la acción reivindicatoria. Agrega que conforme al artículo 94 del Código de Minería las acciones posesorias y la acción reivindicatoria, proceden respecto de la concesión minera y de otros derechos reales constituidos en ella. Añade que de conformidad al artículo 892 del Código Civil se puede reivindicar una cuota o derecho pro indiviso de una cosa singular y que la actora demandó a fin que el demandado sea obligado a restituir las cuotas que les corresponden a los demandantes en la pertenencia minera “Las Canteras 1-6”, ubicada en Colina.

b) Que, como segundo error de derecho se menciona la infracción a los artículos 578, 1545 y 2116 del Código Civil, el que se configuraría al desconocerse el efecto relativo de los contratos, al considerar a la actora como contraparte de un supuesto mandato otorgado al recurrente. Agrega que se aplicaron erróneamente los artículos ya citados al considerar como parte de un contrato a una persona que no existía al momento de perfeccionarse, contrariando expresamente el efecto relativo de los contratos, consistente en que ellos sólo obligan a las partes que han concurrido con su voluntad a su celebración. Añade que los considerandos tercero y cuarto del fallo establecen que entre dichas personas jurídicas existe una continuidad tanto desde el punto de vista subjetiva como objetiva, por las razones que explica. Señala que el mandato que le fue conferido al demandado y que tenía por objeto la regularización de las pertenencias mineras, fue otorgado por las personas naturales que conformaban en un principio el Sindicato Profesional de Obreros Canteros de la Cantera Pan de Azúcar de Colina, y posteriormente, la Asociación de Trabajadores Canteros: Los derechos y obligaciones que emanaron de dicho vínculo contractual, se establecieron entre el demandado y cada una de las personas que eran parte del Sindicato o Asociación Gremial, por lo que las diferentes personas jurídicas que sirvieron para organizar los sujetos que conformaban el poblado Las Canteras de Colina, no hicieron variar el vínculo existente entre las partes. Según el recurrente ésta interpretación sería absolutamente ilegal, desconociendo el efecto relativo de los contratos, dando legitimidad al actor para reclamar derechos emanados de un supuesto contrato de mandato del que no es parte, pues de existir tal contrato habría sido otorgado por todos los canteros de Colina a su parte, con mucha anterioridad a la formación de la Asociación demandante confiriéndole a ésta la calidad de sucesora, cesionaria o continuadora, cuestión que ni la voluntad de las partes ni la ley han otorgado en disposición alguna.

Señala que los efectos emanados del contrato de mandato son personales, es decir, obligan a los que han celebrado el mismo, no produciendo efecto alguno respecto de terceros.

Indica que el fallo admite que hay tres sujetos de derecho; así se violenta el artículo 578 del Código Civil en cuanto a que las obligaciones personales sólo pueden reclamarse de ciertas personas. Así transforma un contrato personal en real.

También se vulneraría el artículo 1545 del Código aludido al darle el carácter de ley a un contrato ya no entre las partes sino que a personas de derechos diferentes. Asimismo, se violentaría el artículo 2116 del mismo Código, toda vez que acepta que una persona que no reúne el carácter de mandante puede exigir el cumplimiento del mandato.

Continúa señalando que no estaría acreditada la continuidad que asevera el fallo recurrido, pues no consta que los miembros que formaron el Sindicato eran los mismos que celebraron el supuesto contrato de mandato, ni aún los mismos que conformaron la Asociación Gremial.

c) Que, como un tercer error de derecho se menciona la vulneración de los artículos 2116, 2151 y 2155 del Código Civil, al confundir los efectos del mandato con representación con los efectos del mandato sin representación o a nombre propio.

Agrega que el considerando séptimo del fallo señala que igualmente dichos reconocimientos generan dos consecuencias fundamentales en lo relativo a la defensa del demandado. La primera dice relación con el reconocimiento expreso que éste hace del dominio que detentaba la demandante lo cual jurídicamente lo califica como poseedor a nombre ajeno, toda vez que producto del mandato que le fuera conferido, si bien actuó a nombre propio lo hizo por cuenta y riesgo de sus mandantes.

Añade que el referido considerando séptimo infringe directamente el artículo 2116 del Código Civil, que define el mandato señalando como uno de sus elementos que el mandatario actúa por cuenta y riesgo de sus mandantes.

Indica que así el fallo yerra al confundir el elemento de la esencia del mandato de actuar por cuenta y riesgo del mandante, con los efectos de ese contrato en el patrimonio del mandante, cuando los actos son ejecutados por “un mandatario con representación” o un “mandatario sin representación”.

Señala que el actuar por cuenta y riesgo del mandante significa que los efectos de los actos ejecutados por el mandatario van a recaer en definitiva en el mandante, pero ello si bien es automático (directo e inmediato) en el caso del mandato con representación del artículo 1448 del Código Civil, no lo es en el mandato a nombre propio del artículo 2151 del Código citado, en que el mandante adquiere en este caso sólo un derecho personal o de crédito en contra del mandatario, para que éste transfiera desde su propio patrimonio los bienes o derechos adquiridos al mandante mediante la rendición de cuentas y la entrega mediante el pago de lo debido.

d) Que, como un cuarto error de derecho, menciona el quebrantamiento de los artículos 714, 719 y 2510 N° 3 del Código Civil, en relación con el artículo 2151 del mismo texto legal, al estimar al mandatario a nombre propio como mero tenedor y no como poseedor habilitado para adquirir por prescripción.

Explica que hay una contradicción lógica ya que el mandato a nombre propio supone actuar a nombre propio y el segundo actúa a nombre de otro. En este caso, la pertenencia minera ingresó desde el momento de la dictación de la sentencia constitutiva y su inscripción en el Registro del Conservador de Minas en forma directa, inmediata y automáticamente al patrimonio del mandatario que actuó a nombre propio, como poseedor y dueño y no como mero tenedor, gozando de los beneficios de la posesión inscrita, donde la inscripción como lo señala la jurisprudencia y la doctrina es requisito, garantía y prueba de la posesión que lo habilita para adquirir por prescripción. Añade que el artículo 714 del Código Civil, no es aplicable en la especie.

Expresa que el artículo 719 del Código, tantas veces citado, distingue al que posee a nombre propio y al que lo hace a nombre ajeno. Dice que si el mandatario aún supuesta la existencia del mandato, no ha efectuado la tradición de la pertenencia minera, dado que aún está inscrita a su nombre en el Conservador de Minas y tampoco se ha efectuado la rendición de cuentas y dentro de ésta la dación en pago de la misma, es obvio concluir que si el supuesto mandante no cuenta con un modo de adquirir que haya operado en su favor, y tampoco de un título translaticio de dominio, no puede haber adquirido la posesión y menos ser dueño de la cuota en la pertenencia minera cuyo reconocimiento reclama.

Concluye señalando que el Concluye señalando que el único dueño es el mandatario que actuó a nombre propio, quien se encuentra en la posesión inscrita de la pertenencia minera por más de diez años a la fecha.

2°) Que, al explicar la forma en que los errores de derecho denunciados habrían influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, expresa que si la sentencia atacada no hubiese incurrido en los errores de derecho señalados y hubiere interpretado correctamente la institución del mandato a nombre propio y el hecho de que el título de adquisición es la sentencia constitutiva de la pertenencia minera, debió necesariamente, concluir en la procedencia de la prescripción adquisitiva, negando lugar a la acción deducida, dado que el demandado es y ha sido poseedor inscrito de la pertenencia.

3°) Que en la sentencia en estudio se establecieron como hechos, en lo pertinente:

a) que en el predio de autos los actores aproximadamente en el año 1950, existía un yacimiento de rocas (motivo primero, letras a) y siguientes del fallo de segunda instancia);

b) que dicho yacimiento era explotado por un grupo de personas que formaron un poblado, denominado “Las Canteras de Colina”;

c) que tales personas se agruparon primero en un Sindicato y luego en una Asociación Gremial;

d) que se acreditó la existencia de un mandato entre las partes de este juicio, siendo el mandante el referido Sindicato y mandatario el demandado, todo ello en orden a regularizar jurídicamente la propiedad minera (motivación sexta del fallo de segundo grado);

e) que en el año 1983, se inscribió a nombre del demandado de autos, la pertenencia minera “La Cantera 1 a 6”. (considerando vigésimo cuarto de la sentencia de primera instancia); y

f) que el 8 de octubre de 1986 se inscribió la constitución de la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros Colina, en el respectivo Registro. (considerando vigésimo cuarto de la sentencia de primera instancia);

4°) Que sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y analizando la totalidad de las pruebas rendidas en el proceso, los sentenciadores del grado concluyeron que el demandado fue un mandatario de los demandantes, que obró a nombre propio, sin dar cuenta a su mandante de su gestión, inscribiendo la propiedad minera a su nombre, teniendo sólo un título de mera tenencia respecto de las mismas;

5°) Que, en armonía con lo que se lleva expuesto puede inferirse, en primer lugar, que la casación de fondo no sólo va contra los hechos del proceso, sentados por los jueces del fondo, y antes desarrollados en el presente fallo, que son soberanos sobre dicho particular, sino que intenta variarlos, proponiendo otros que, a juicio de los recurrentes, estarían probados.

Dicha finalidad, por cierto, es ajena a un recurso de esta especie, destinado a invalidar una sentencia, en los casos expresamente establecidos por la ley. Esto es, se analiza la legalidad de un fallo, lo que significa que se realiza un escrutinio respecto de la aplicación correcta de la ley y el derecho, pero a los hechos como soberanamente los han dado por probados o sentados los magistrados a cargo de la instancia;

6°) Que esta materia ha sido objeto de numerosos pronunciamientos de esta Corte de Casación, la que ha venido sosteniendo de manera invariable que no puede modificar los hechos que han fijado los magistrados del fondo, en uso de sus atribuciones legales, a menos que se haya denunciado y comprobado la efectiva infracción de normas reguladoras del valor de la prueba, pero de aquellas que establecen parámetros legales fijos de apreciación de su mérito, esto es, que obligan a tales jueces a valorar los antecedentes probatorios en un determinado sentido;

7°) Que en el presente caso, la casación de fondo interpuesta no denunció vulneración alguna de las leyes reguladoras de la prueba, de manera tal que esta Corte Suprema carece de las herramientas jurídicas que podrían, eventualmente, permitir la anulación de la sentencia que se ha impugnado en cuanto a la apreciación de las evidencias, para luego, en la de reemplazo que hubiere de dictarse, establecer otros hechos diversos que otorgaran la posibilidad de fallar en sentido distinto a como se resolvió, y acorde con las pretensiones de los demandados;

8°) Que también resulta útil consignar que reiteradamente se ha resuelto por esta Corte Suprema que las leyes reguladoras de la prueba son aquellas normas fundamentales impuestas por la ley a los falladores en forma ineludible, y que importan verdaderas limitaciones a la discrecionalidad judicial, dirigidas a asegurar una decisión correcta en el juzgamiento. De esta manera, para que se produzca infracción de tales disposiciones es necesario que se haya incurrido en error de derecho en su aplicación, lo que en estos autos no se ha denunciado;

9°) Que todo lo reflexionado previamente deriva de la circunstancia que, de acuerdo con la ley, cuando la Corte Suprema invalida una sentencia por casación de fondo, debe dictar acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, sobre la cuestión materia del juicio que haya sido objeto del recurso, la sentencia que crea conforme a la ley y al mérito de los hechos, tales como se han dado por establecidos por el fallo recurrido.

El criterio final y evidente es que, en el presente caso, si este Tribunal concluyere, coincidiendo con los recurrentes, que se produjo la transgresión de todas o algunas de las disposiciones invocadas, estaría impedido de acoger la casación, porque en la respectiva sentencia de reemplazo que debería dictar, tendría que hacer la única aplicación correcta del derecho, pero a los hechos tales como se sentaron por los jueces de la instancia, lo que impediría decidir en sentido diverso a como se reprocha;

10°) Que, sin perjuicio de lo concluido precedentemente y en relación a la alegación respecto de que los demandantes no habrían señalado la cuota que se pretende reivindicar, es necesario, precisar que ello constituye una alegación nueva que no fue formulada en la oportunidad procesal correspondiente, de manera tal que los jueces del fondo no tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre la misma por lo que mal pudieron cometer error de derecho a su respecto;

11°) Que, asimismo, es necesario dejar establecido que la modalidad, representación en el mandato, no es elemento de su esencia, por el contrario, es de la naturaleza, circunstancia que permite que el mandatario actúe “nomine propio”, sin que con ello se altere la calidad jurídica de las partes en el contrato, de manera que el mandatario siempre contrata por cuenta y riesgo del mandante.

Extrapolando estos principios al caso sub judice, las actuaciones del mandatario -inscribir las pertenencias mineras en que consistía el encargo y por lo tanto no siendo titular del derecho- sExtrapolando estos principios al caso sub judice, las actuaciones del mandatario -inscribir las pertenencias mineras en que consistía el encargo y por lo tanto no siendo titular del derecho- sólo pudieron dar origen a una “inscripción de papel” en lo que a su persona se refiere, no estando amparados por los principios de la posesión inscrita;

12°) Que, por último, es pertinente hacerse cargo del supuesto error de derecho de que el fallo recurrido acepta que una persona que no tiene el carácter de mandante pueda exigir el cumplimiento del mandato.

A este respecto cabe señalar que la actora (mandante) es la persona jurídica denominada “Sindicato Profesional de Obreros Canteros de la Cantera Pan de Azúcar de Colina”, cuya continuadora fue la “Asociación Gremial de Trabajadores Canteros Colina”.

En efecto, como muy bien lo dice el fallo recurrido entre dichas personas jurídicas existe una continuidad subjetiva y objetiva, que se expresa con claridad en el Decreto Ley N°2.757 que creó las Asociaciones Gremiales, cuando en el artículo primero transitorio establece: “Las organizaciones que persigan fines que correspondan a una asociación, federación o confederación gremial y que se encuentren constituidas al amparo de otro estatuto legal, deberán adecuar sus estatutos, si fuere necesario, modificar su nombre de conformidad al artículo 6° y proceder al depósito a que se refiere el artículo 2°, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley”.

“Sin perjuicio de lo anterior, las referidas organizaciones se regirán por las disposiciones de esta ley a contar de la fecha de su publicación”.

“El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción determinará en cualquier tiempo que una organización que persiga algunas de las finalidades señaladas en el artículo 1° queda regida por esta ley, caso en el cual deberá adecuar y depositar sus estatutos y modificar su nombre, dentro del plazo de 90 días desde que fuere requerida”.

“Si dicha organización no diere cumplimiento a lo previsto en los incisos anteriores, dentro de los plazos establecidos, el referido Ministerio procederá a dictar la resolució”Si dicha organización no diere cumplimiento a lo previsto en los incisos anteriores, dentro de los plazos establecidos, el referido Ministerio procederá a dictar la resolución correspondiente, cancelando su personalidad jurídica”.

“De esta resolución podrá reclamarse en la forma establecida en los artículos 23° y 24° de esta ley”.

En conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se rechaza el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la parte demandada a fojas 601, contra la sentencia de cinco de abril del año dos mil cuatro, escrita a fojas 598.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Herrera.

Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Milton Juica y Srta. María Antonia Morales; y los Abogados Integrantes Sres. Óscar Herrera y Carlos Kunsemüller.

No firma la Srta. Morales, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar con permiso.

Autorizado por la Secretaria Subrogante Sra. Carola A. Herrera Brümmer.

NÚMERO ÚNICO: 33027

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23.10.06

Indemnización de perjuicios, incumplimiento contrato de transporte terrestre internacional, validez de prorroga de competencia en carta de porte

Contrato Transporte Terrestre; Indemnización de Perjuicios; Carta de Porte; Prorroga Competencia en Carta de Porte

Lo decidido en la sentencia recurrida, al acoger la excepción de incompetencia, respecto de la acción de indemnización de perjuicios por no haberse cumplido el contrato por el transportista, no contiene los vicios que se denuncian en el recurso, pues, para el análisis del recurso de casación, relativo al valor de la cláusula de prórroga de competencia contenido al reverso de la carta de porte esgrimida por ambas partes, cabe tener presente que en la demanda, el actor mencionó expresamente que este contrato de transporte, que obliga directamente al transportista para con el consignatario, se prueba sobradamente con la Carta de Porte Internacional por carretera, tal como lo dispone el artículo 173 del Código de Comercio, que la define como el documento que las partes otorgan para acreditar la existencia y condiciones del contrato y la entrega de las mercaderías al porteador. Entre esas, aquella por la que se acuerda la competencia judicial de la República Oriental del Uruguay para toda controversia resultante de este conocimiento, teniéndose los domicilios declarados en este documento y en su defecto en los documentos que se relacionen en esta carga, constituidos a todos los efectos extrajudiciales y judiciales. En efecto, ha sido el actor quien hizo suya y representativa del contrato de transporte celebrado con la demandada, la carta de porte que contiene la prórroga de competencia que desconoce en autos. Considerandos 6º, 7º y 10º sentencia Corte Suprema.

Sentencia Corte Suprema

Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil seis.

VISTOS:

En estos autos rol Nº 20.582, del Segundo Juzgado Civil de Los Andes, caratulados Pentaxis Chile S.A. con Decre S.A. Transportes Internacionales, juicio ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de dieciocho de julio de dos mil, escrita a fojas 570, su juez titular acogió la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, sin costas. Apelada por la parte demandante, una sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la confirmó por sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil tres, escrita fojas 633. En su contra, la misma parte dedujo los recursos de casación en la forma y en el fondo que se leen a fojas 637.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

En cuanto al recurso de casación en la forma.

Primero: Que, en primer término, la sociedad demandante funda el recurso de casación en la forma en la causal del Nº 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es en haber incurrido los sentenciadores en el vicio de ultrapetita. Sostiene que la sentencia se extiende a materias que no fueron objeto de apelación por las partes, específicamente en sus considerandos lº, 2º y 3º, cuando resuelve sobre el valor probatorio de dos documentos, acogiendo una objeción deducida y rechazando la otra.

Segundo: Que, en los términos precedentemente expuestos, la actora pretende invalidar a través de la interposición de un recurso de casación en la forma, el pronunciamiento que recae en una objeción documental, resolución que -por su naturaleza- no es susceptible de ser atacada por esta vía;

Tercero: Que además, la demandante funda este recurso en la causal 7del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, por contener la sentencia decisiones contradictorias, la que funda en la circunstancia de que en ella no se logra uniformar el concepto de la carta de porte, de lo cual ha seguido su equívoca valoración, estableciéndose nefastas consecuencias para su parte, desde que se le ha dado valor contractual a una cláusula de prórroga de competencia estampada unilateralmente por la demandada;

Cuarto: Que como reiteradamente ha resuelto esta Corte existen decisiones contradictorias únicamente cuando las que contiene el fallo son incompatibles entre sí, de manera que no pueden cumplirse simultáneamente pues unas se oponen con otras, situación que no acontece en autos, desde que la resolución impugnada contiene una sola decisión, la de acoger la excepción de incompetencia alegada, razón por la cual no puede estar en contradicción con ninguna otra, circunstancia suficiente para desechar la nulidad formal impetrada por la demandante.

En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Quinto: Que la recurrente sostiene como fundamento de este recurso- que la sentencia ha incurrido en los siguientes errores de derecho los que, para efectos de su exposición, los analiza en los siguientes capítulos:

1.- Inexistencia de prórroga de competencia:

Expresa que el artículo 173 del Código de Comercio señala que la Carta de Porte sólo cumple la función de ser un título representativo de la carga, es decir, un documento que acredita que el transportista o porteador recibió las mercancías en su lugar de origen y que, en consecuencia, a partir de ese momento se hizo responsable de ellas. De esta manera, este documento sólo cumple tres funciones, cuales son, servir de prueba de la existencia de un contrato de transporte, acreditar que el porteador o transportista recibió las mercaderías y es el título de crédito representativo de éstas, pero no constituye el contrato mismo de transporte. Todas estas definiciones, a su vez, se encuentran recogidas en los artículos 1 y 3 del Convenio sobre el Contrato de Transporte Terrestre y Responsabilidad Civil del porteador en el Transporte Internacional de Mercaderías, elaborados en la XVI Reunión de Ministros de Obras Públicas y Transportes de los Países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración.

Sostiene que las cláusulas estampadas al reverso de una carta de porte, no revisten más que el carácter de una declaración unilateral de voluntad, toda vez que están preimpresas por el transportista y no dan lugar a formación de consentimiento a su respecto; en consecuencia, la prórroga de la competencia introducida por el demandado en la cláusula 16 del reverso de la Carta de Porte, no es un acuerdo entre las partes y tampoco puede constituir un contrato de adhesión, debiendo agregarse que si dicho instrumento expresa que el transporte está sujeto a las disposiciones del Convenio CRT, ellas anulan toda estipulación que se aparte en perjuicio del remitente o del consignatario (artículo 5 Nº 1, letra I). De esta manera, si no son las partes -vale decir ambas- las que introducen un acuerdo especial como lo es una prórroga de competencia, sino solo una de ellas de manera unilateral y, más aún, en perjuicio del consignatario, dicha cláusula es del todo nula de nulidad absoluta, por vicio del consentimiento como lo es la falta de su voluntad.

Expresa que en estos autos se ha acreditado suficientemente la falta de consentimiento respecto de la supuesta cláusula de prórroga de competencia la que su parte ha impugnado precisamente por falsa, por no existir en la realidad de las cosas, por no haber concurrido consentimiento a su respecto, circunstancias que la convierte en un mero texto sin efectos jurídicos, absolutamente inocuo, al haber sido inserto en forma unilateral por la empresa transportista, lo cual a lo sumo, le otorga el carácter de una mera declaración unilateral de voluntad.

2.- El domicilio. Si Decre S.A. puede o no ser demandada en Chile.

El recurrente expresa que la sentencia recurrida afirma que Decre S.A. no puede ser demandada en Chile ya que no cuenta con domicilio en nuestro país, en el que sólo tiene representantes constituidos por la empresa Transportes Cominter Ltda., puesto que al respecto es aplicable el artículo 24 del Convenio CRT, que establece que a falta de convención o cuando ésta fuere legalmente inaplicable, las acciones podrán interponerse ante cualquiera de los siguientes tribunales: donde el demandado tiene su domicilio legalmente constituido, o en el lugar en que el porteador se hizo cargo de las mercancías o en el lugar destinado para la entrega de las mercancías. En la misma forma lo regula el artículo 323 del Código de Bustamante.

En consecuencia, a juicio del recurrente, habiéndose rendido prueba documental y testimonial suficiente que acreditaba el domicilio del demandado en Chile y que, a su vez, había otorgado mandato especial de representación a Transportes Comiter S.A., que también tiene domicilio en nuestro país, las normas citadas hacen plenamente competentes para conocer de la causa a los tribunales chilenos.

3.- Normas legales infringidas.

En un tercer capítulo del recurso de casación en el fondo, el recurrente menciona como infringidas en la sentencia que se impugna, las siguientes disposiciones legales:

- En cuanto a la competencia y su prórroga, los artículos 16 inciso final del Código Civil, 104 y 113 del Código de Comercio, 184, 185, 186 y 187 del Código Orgánico de Tribunales, y 318, 321, 322 y 323 del Código de Derecho Internacional Privado;

- Respecto a la formación del consentimiento, los artículos 97, 98, 101, 103 y 106 del Código de Comercio y 1437, 1438, 1445, 1451 1545 y 1546 del Código Civil;

-En relación con la nulidad de los actos jurídicos, los artículos 1681, 1682 inciso 1º y 1683 del Código Civil; en cuanto al mandato, los artículos 2116, 2122, 2123, 2131, 2132, 2133, 2134, 2141, 2148 y 2149 del Código Civil y artículos 106, 233, 234, 235, 236, 250, 268, 269, 270 y 318 del Código de Comercio

-En lo que se refiere a las normas reguladoras de la Carta de Porte, los artículos 173, 175y 178 del Código de Comercio; artículos 1 Nº 9, 3 y 5 del Convenio CRT.

-En cuanto a las normas sobre el domicilio, los artículos 59, 62 y 67 del Código de Comercio y artículo 24 párrafo 1 del Acuerdo sobre Transporte Internacional terrestre, promulgado mediante D.S. 257/1991.

- Sobre la infracción a la ley del contrato de mandato y representación otorgado por la demandada a favor de Transportes Comiter Ltda., los artículos 1545, 1546 y 2116 del Código Civil, artículo 21 párrafo 1 del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre e infracción al texto expreso del contrato de mandato especial de fojas 25.

- Respecto a la infracción de las normas sobre interpretación de la ley, los artículos 19, 20, 22, 23 y 24 del Código Civil.

Sexto: Que en este juicio compareció la sociedad Pentaxis S.A. manifestando, en síntesis, que había celebrado un contrato con la demandada para el transporte terrestre desde Montevideo a Santiago de 808 monitores de computador, especies que nunca llegaron a su destino, hecho éste que motiva la acción indemnizatoria que deduce. Por su parte, la demandada alegó la incompetencia absoluta del tribunal, amparándose en la cláusula 16 de la Carta de Porte Internacional por Carretera, fechada el 18 de agosto de 1997 en Montevideo, esgrimida por la demandante como fundamento de su acción, la que expresa Se acuerda la competencia judicial de la Repca. O. del Uruguay para toda controversia resultante de este conocimiento, teniéndose los domicilios declarados en este documento y en su defecto en los documentos que se relacionen en esta carga, constituidos a todos los efectos extrajudiciales y judiciales;

Séptimo: Que, para el análisis del recurso de casación, relativo al valor de la cláusula de prórroga de competencia contenido al reverso de la carta de porte esgrimida por ambas partes, cabe tener presente que en la demanda de fojas 4, el actor mencionó expresamente que este contrato de transporte, que obliga directamente al transportista para con el consignatario, se prueba sobradamente con la Carta de Porte Internacional por carretera (tal como lo dispone el artículo 173 del Código de Comercio (párrafo primero fojas 6). Sobre el particular, el artículo 173 del Código de Comercio define la carta de porte como el documento que las partes otorgan para acreditar la existencia y condiciones del contrato y la entrega de las mercaderías al porteador

De esta manera, aparece nítido que ha sido el actor quien hizo suya y representativa del contrato de transporte celebrado con la demandada, la carta de porte que contiene la prórroga de competencia que desconoce en autos y, a partir de tal afirmación, ella ha sido considerada por los sentenciadores como la prueba de la existencia y condiciones del contrato.

Por tal motivo, no han podido infringir los sentenciadores las normas que en forma similar- definen la carta de porte en el Código de Comercio, en el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre contenido en el Decreto Supremo Nº 257 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 17 de octubre de 1991 y en el Convenio sobre el Contrato de Transporte Terrestre y Responsabilidad Civil del porteador en el Transporte Internacional de Mercaderías, por cuanto no aparece del tenor de la sentencia recurrida, que dicho instrumento se hubiese considerado el contrato de transporte, sino únicamente como un medio de prueba del mismo y de sus estipulaciones, entre ellas, la prórroga de la competencia, lo que ha permitido a los jueces del fondo establecer la existencia de este acuerdo obligatorio para las partes contratantes.

A mayor abundamiento, es necesario destacar que, para apoyar su demanda indemnizatoria, el actor se ha servido de cada una de las menciones que se contienen en el anverso de la carta de porte, desconociendo aquellas que figuran en el reverso, lo cual es contrario a toda lógica jurídica, por cuanto con ello, pretende dividir el contenido de un mismo documento para sólo utilizar aquello que lo beneficia, desechando en cambio- aquello que, a su juicio, le perjudica;

Séptimo: Que, por otra parte, aún cuando dicha cláusula de prórroga de competencia no existiera en la Carta de Porte, tal circunstancia no permitiría concluir que son competentes para conocer de esta acción los tribunales chilenos, de lo que se sigue que las restantes infracciones de ley denunciadas en el recurso, carecen de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

En efecto, tal como aparece manuscrito en la parte superior derecha del anverso de la Carta citada, el transporte realizado bajo este documento está sujeto a las disposiciones del Convenio sobre el Contrato de Transporte Terrestre y la Responsabilidad Civil del porteador en el Transporte Terrestre Internacional de Mercaderías, las cuales anulan toda estipulación que se aparte de ellas en perjuicio del remitente o del consignatario. El artículo 24 de dicho convenio, establece como primera regla de competencia, que las acciones relacionadas con el transporte terrestre internacional de mercancías (podrá deducirlas el actor ante el tribunal convenido por las partes En consecuencia, habiéndose concluido la validez y obligatoriedad del pacto de competencia, tal como se mencionó en el considerando precedente, sólo pueden los contratantes sujetarse a tal estipulación, la que excluye la aplicación de toda otra norma supletoria al acuerdo de las partes.

Pero aun cuando no se considerara tal acuerdo, la norma invocada expresa que, a falta de convención o cuando esta fuere legalmente inaplicable, dichas acciones podrán interponerse ante cualquier tribunal que resulte competente, en atención a que se encuentra dentro de su jurisdicción el domicilio legalmente constituido del demandado, el lugar en que el porteador se hizo cargo de las mercaderías, o el lugar designado para la entrega de las mercancías. Sobre el particular, constituye un hecho de la causa, inamovible para este tribunal de casación al no haber sido atacado denunciando infracción a leyes reguladoras de la prueba, que el domicilio del demandado así como el lugar donde el porteador se hizo cargo de las mercaderías se encuentra en la ciudad de Montevideo en la República Oriental del Uruguay, y el lugar designado para la entrega de las mercaderías, en Santiago de Chile; por consiguiente, la aplicación de esta normativa supletoria tampoco autoriza concluir la competencia del Juzgado Civil de Los Andes, lugar donde el actor estimó que era el que correspondía atendido el domicilio del demandado;

Octavo: Que a la misma conclusión se arriba, en el evento de aplicarse el artículo 323 del Código de Derecho Internacional Privado, que establece que Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita y salvo el derecho local contrario, será juez competente para el ejercicio de las acciones personales el del lugar del cumplimiento de la obligación o el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia. En efecto, la estipulación de las partes que dispuso el tribunal competente para conocer las acciones que se deduzcan no se contrapone al derecho local, por cuanto, tratándose de competencia relativa, es un derecho disponible por las partes, situación que se reafirma en la parte final del inciso segundo del artículo 113 del Código de Comercio en relación al inciso final del artículo 16 del Código Civil.

A mayor abundamiento, cabe destacar que el Acuerdo sobre el Contrato de Transporte y la Responsabilidad Civil del Porteador en el Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, actualmente vigente en nuestro país y que fuera aprobado por Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 442 y publicado en el Diario Oficial el 5 de octubre de 2001, reitera cada una de las definiciones y regulaciones que, en la materia que nos ocupa, se habían señalado en los estatutos jurídicos analizados en los considerandos precedentes;

Noveno: Que, finalmente, en lo relativo a las normas que regulan el mandato, el recurrente nada ha dicho de cómo se aplicaron y como debieron ser aplicadas, impidiendo con ello a este tribunal de casación analizar las infracciones que se denuncian. Asimismo, todas aquellas disposiciones legales relativas a la nulidad de la cláusula que estipula la prórroga de competencia, constituyen alegaciones nuevas que no se esgrimieron en la etapa de discusión respectiva y, por lo mismo, su omisión no puede constituir un error de los jueces del fondo, quienes no tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre tales argumentos al no haber sido manifestados por el actor sino hasta el momento de recurrir de casación.

Décimo: Que por lo antes razonado se puede concluir que lo decidido en la sentencia recurrida, al acoger la excepción de incompetencia, no contiene los vicios que se denuncian en el recurso;

Undécimo: Que en consecuencia, el recurso de casación en el fondo, también será desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 768 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo, deducidos en lo principal y primer otrosí de la presentación de fojas 637, por la abogada doña María Elena Rivera Pren representación de Pentaxis Chile Ltda., en contra de la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil tres, escrita a fojas 633.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Herreros.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sres. Jorge Rodríguez A., Sergio Muñoz G. y Sra. Margarita Herreros M. y Abogados Integrantes Sres. Hernán Álvarez G. y Oscar Carrasco A.

No firman los Ministros Sr. Rodríguez A. y Sra. Herreros no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con permiso el primero y en comisión de servicios la segunda.

Autorizado por el Secretario Sr. Carlos A. Meneses Pizarro.

NÚMERO ÚNICO: 33003

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Caso fortuito por acto de autoridad, dictación de leyes. Arrendamiento equipos detectores infracciones de tránsito. Elementos Constitutivos

Caso Fortuito; Elementos; Actos de Autoridad; Dictación de Ley; Arrendamiento, Falta de Causa; Arrendamiento Equipo Detector Infracción de Tránsito

El caso fortuito o fuerza mayor, llamado también Vis Divina o Fatum Fatalitas, es definido por el Código Civil en su artículo 45 como el imprevisto a que no es posible resistir. De esta norma se desprenden sus elementos: 1º causa extraña al deudor o dicho en otros términos, el hecho no debe serle imputable; 2º el hecho debe ser imprevisto, imposible de conjeturar lo que ha de suceder en un cálculo de probabilidades, es decir, cuando no hay ninguna razón para creer en su realización; y 3º hecho imposible de resistir, lo que quiere decir que el hecho que ocurre es insuperable en su constitución y efectos, de manera que ni el deudor ni persona alguna que se coloque en tal situación podría impedir lo sucedido. Dentro de los ejemplos que da el Código de casos fortuitos se refiere a situaciones fácticas, tales como naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos, herida, rayo, epidemia, actos de autoridad, etc. La jurisprudencia nos da otros ejemplos, tales como: mar agitado, enfermedad, ley de Moratoria, etc. Este último ejemplo, está contenido en sentencia de la Corte de Talca de 8 de agosto de 1901 (gaceta 1901, tomo II, página 251) que razona señalando que entre los actos de autoridad que menciona por vía ejemplar el artículo 45, se incluyen los que provienen del Poder Legislativo, no existiendo razón legal o de equidad para pensar otra cosa. Por eso, una ley de moratoria puede revestir los caracteres de un caso fortuito. Considerandos 4º y 5º sentencia de casación Corte Suprema.

La dictación de la ley Nº 19.791, que suspendió por el lapso de 120 días el uso de equipos de registro de infracciones, con excepción de los radares portátiles o de puño utilizados por Carabineros no puede considerarse constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor que excuse el incumplimiento de la obligación sustantiva del municipio demandado de pagar la renta de arrendamiento pactada, por no darse el requisito de imposibilidad absoluta de uso de los mencionados equipos, toda vez que éstos podían ser usados por Carabineros de Chile y bastaba una simple gestión de la autoridad edilicia para que fueran usados por la policía uniformada, por lo que se ordenará, en lo decisorio su pago. Sin embargo, la dictación de la ley Nº 19.816, sí constituyó para el municipio demandado caso fortuito o fuerza mayor, puesto que al restringir el uso de los aparatos de detección de infracciones de luz roja y velocidad a plazas de peaje, operación de túneles y mantención de caminos públicos, dejó sin causa, para la arrendataria, el contrato de arrendamiento sub lite, desvaneciéndose el motivo que la llevó a contratar. Considerandos 1º y 2º sentencia de reemplazo Corte Suprema.

Sentencia Corte Suprema

Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil seis.

VISTOS:

En estos autos rol 3922-2002 del Segundo Juzgado Civil de Rancagua, caratulados Sociedad. Aussicht Chile Ltda. con Municipalidad San Francisco Mostazal, sobre juicio ordinario de resolución de contrato e indemnización de perjuicios, por sentencia de trece de septiembre de dos mil tres, escrita a fojas 81, el juez titular de dicho tribunal rechazó, sin costas, la demanda de resolución de contrato de arrendamiento y transacción con indemnización de perjuicios, deducida en lo principal de fojas 11 y siguientes.

Esta sentencia fue apelada por el demandante, adhiriéndose a dicho recurso la Municipalidad demandada, y una Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, con fecha quince de abril de dos mil cuatro, como se lee fojas 106, por mayoría de votos la confirmó.

En contra de este último fallo la parte demandante deduce recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurrente sostiene que la sentencia, al confirmar el fallo de primer grado y en consecuencia rechazar la acción entablada, ha cometido error de derecho al infringir los artículos 45 del Código Civil en relación con las leyes 19.791 y 19.816; los artículos 1698, 2460, 1545, 1546, 15647, 1551 y 1945, todos del Código Civil, según pasa a explicar:

a) En primer lugar, sostiene el recurrente, se infringe el artículo 45 del Código Civil en relación con las leyes Nº s 19791 y 19816.

Así señala que se infringe el artículo 45 citado al calificar de fuerza mayor o imprevisto al que es imposible resistir, la dictación de dos leyes.

La ley 19.791 de seis de febrero de 2002 suspendió por 6 meses el uso de los equipos de infracciones con excepción de los portátiles o de puño utilizados por Carabineros de Chile. Esta ley, agrega, transitoria en su vigencia, no impidió el uso de los equipos portátiles arrendados por la actora, como se ha sostenido y demostrado en el curso del juicio, sino que únicamente suspendió el uso de los equipos fijos o inmóviles. Posteriormente, la ley Nº 19.816, de 7 de agosto de 2002, reguló definitivamente este sistema y dejó claramente establecido que los equipos móviles podían seguir utilizándose por Carabineros y por los inspectores fiscales del Ministerio de Obras Públicas en el caso de las plazas de peaje, operación de túneles y en los tramos en donde se estén realizando obras de reparación o mantención de caminos públicos construidos y explotados al amparo de la ley de Concesiones de Obras Públicas. Añade que en el territorio de la comuna de Mostazal concurren todas las condiciones que dicha ley señala para la operación de dichos aparatos.

La sentencia viola la ley -según entiende el recurrente- cuando considera a esta nueva regulación como fuerza mayor a la que le atribuye el carácter de imposible de resistir, para eximir a la demandada del cumplimiento de sus obligaciones y rechazar la demanda de resolución e indemnización de perjuicios.

Nada impedía, agrega el recurrente, a la demandada a cumplir el contrato y entregar el uso de los aparatos a Carabineros de Chile o a los inspectores fiscales para control de la seguridad vial de la comuna. La demandada por lo demás, no probó y ni siquiera alegó que los equipos objeto del arrendamiento no fueran de aquellos utilizados por los funcionarios señalados.

Finalmente arguye que la ley 19.816 no señala norma alguna que prohíba, impida, anule o declare ilícitos un contrato como el de autos, adjudicado en propuesta pública y celebrado libremente entre un municipio y una empresa, solamente regula la forma en que ello debe hacerse y el destino de los bienes o recursos que el sistema produzca por las multas infraccionales cursadas. La variación del destino de los fondos recaudados que dicha ley modifica, es una materia que no tiene relación alguna con lo debatido en autos, ni fue causa, objeto o motivo del contrato;

b) Por otro lado, la sentencia impugnada incurre en otro error de derecho al infringir los artículos 1698 y 2460 del Código Civil. Ello se ha producido en cuanto en los considerandos 7 y 8 discurre sobre la base que la actora no habría acreditado su obligación o se habría allanado a cumplirla en tiempo y forma, y que como no existirían antecedentes en autos que permitan establecer este cumplimiento, le aplica erróneamente el artículo 1698 citado. De los antecedentes de autos consta que el actor cumplió las obligaciones que al efecto le impuso el contrato. De la propia transacción, de 14 de enero de 2002, se desprende que la Municipalidad demandada reconoce los perjuicios causados a la actora durante los primeros doce meses de vigencia del contrato, período en que los equipos estuvieron a disposición de la demandada, al igual que en el período posterior.

Agrega que corresponde a la demandada probar la extinción de su obligación de pagar la renta mensual pactada y refrendada por la transacción de 14 de enero de 2002, la que tiene mérito de cosa juzgada conforme al artículo 2460 del Código Civil, también vulnerado;

c) Un tercer error de derecho se refiere a la infracción de los artículos 1545, 1546, 1547, 1551 y 1945 del Código Civil.

El recurrente sostiene que no existe ni consentimiento mutuo ni causa legal alguna que permitiera a la demandada invalidar el contrato habido entre las partes. La sentencia ignora completamente la norma del artículo 1545 citado y lo infringe claramente al resolver como lo hace.

Asimismo, agrega, vulnera el artículo 1547 que dispone que el deudor es responsable de la culpa leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes, cuyo es el caso de autos en que ambas partes establecen beneficios recíprocos para sus respectivos intereses: la seguridad vial y la protección de la vida y los bienes en el caso del municipio, cumpliendo sus finalidades de servicio público de acuerdo a la Constitución de la República y su ley Orgánica; y la justa retribución mensual por el arriendo de los equipos y los servicios prestados, para la empresa Aussicht Ltda.

Por otra parte, de acuerdo al artículo 1551 del Código Civil es la demandada quien está en mora, puesto que no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado.

Finalmente la sentencia infringe claramente el artículo 1945 citado, toda vez q ue cuando por culpa del arrendatario se pone término al contrato, debe ser éste obligado a la indemnización de los perjuicios y especialmente al pago de la renta por el tiempo que falte hasta el cese de dicho contrato.

En la especie se han infringidos todas las normas denunciadas con influencia substancial en lo dispositivo del fallo, por lo que debe ser invalidado y dictar en su reemplazo el que en derecho corresponda, acogiendo íntegramente la demanda de autos, con costas;

Segundo: Que para una acertada decisión del recurso en estudio, es necesario consignar los antecedentes de este proceso:

a) el 4 de septiembre de 2002 los abogados Jorge Mario Saavedra Canales y José Luis Acevedo Daza, en representación de la Sociedad Aussicht Chile Ltda. interponen demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicios en contra de la Municipalidad de San Francisco de Mostazal, con el objeto que se declare resuelto con indemnización de perjuicios, el contrato de arrendamiento de equipos de registro de infracciones a límites de velocidad en la comuna de Mostazal y prestación de servicios complementarios, suscrito por la sociedad demandante con la demandada, el 5 de diciembre de 2000, modificado y ratificado por ambas partes según transacción judicial de 14 de enero de 2002, aprobada por el Segundo Juzgado Civil de Rancagua, y sea condenada a pagar, con costas, las siguientes sumas: 1.- $100.800.000 por concepto de daño emergente, más el reajuste del Indice de Precios al Consumidor e intereses sobre tal suma, o lo que estime el tribunal; 2.- $354.000.000, por lucro cesante, más reajustes e intereses, o la suma que determine el tribunal; y 3.- $100.000.000 por daño moral, más reajustes e intereses sobre tal suma, o la cantidad que el tribunal estime pertinente;

b) fundamenta su acción la actora, en la circunstancia que en la transacción señalada la demandada se obligó al cumplimiento íntegro del contrato de arrendamiento; que la duración del mismo se extendía hasta el 5 de diciembre de 2005; y que en lo no modificado regiría íntegramente lo acordado en el contrato de arrendamiento de equipos de registro de infracciones a límites de velocidad en la comuna de Mostazal y prestación de servicios complementarios. Agrega que su parte ha cumplido todas sus obligaciones, pero no así la Municipalidad demanda da, quien nuevamente ha incumplido el referido contrato y transacción, pese a los requerimientos efectuados. Se ha negado a pagar las facturas expedidas por la empresa por los servicios prestados;

c) la Municipalidad al contestar pidió el rechazo de la acción, por estimar que es improcedente la demanda toda vez que el actor no ha dado íntegro cumplimiento a sus obligaciones; por otra parte el 6 de febrero de 2002, estando llanos a cumplir, se publicó la Ley Nº 19.791 que en su artículo 2º suspendió por el plazo de 120 días el uso de equipos de registro de infracciones, con excepción de los radares portátiles o de puño utilizados por Carabineros de Chile. Posteriormente, agrega, el 7 de agosto de 2002 se publicó la Ley Nº 19.816, que dispuso que los equipos de registro y detección de infracciones relativas a velocidad sólo podrán ser operados por Carabineros de Chile y por los inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas en el caso de las plazas de peaje, operación de túneles y en los tramos en donde se estén realizando obras de reparación y mantención de caminos públicos, construidos y explotados al amparo de la ley de Concesiones de Obras Públicas. Sostiene que el incumplimiento en que ha incurrido deriva de la existencia de un evidente caso fortuito o fuerza mayor, esto es han sido imprevistos a que no es posible resistir, como lo señala el artículo 45 del Código Civil, que han colocado a la Municipalidad en la imposibilidad absoluta de cumplir las obligaciones contraídas. Se trata de hechos no previstos al momento de celebrar los contratos, extraños o ajenos a la voluntad de las partes, irresistible porque el cambio de legislación ha provocado que se vea imposibilitada de disponer de los servicios objeto del contrato de arrendamiento;

d) el tribunal de primer grado rechazó la acción intentada, decisión confirmada por la Corte de Apelaciones de Rancagua. El fundamento del rechazo, en síntesis, consistió en que la dictación de la ley Nº 19.816 puso a la Municipalidad en situación de fuerza mayor. Es la ley la que coloca a la demandada en situación de incumplimiento del contrato celebrado por la actora al quitarle las atribuciones que justificaban el arriendo del equipo de registro de infracciones, ya que no obstante que cuenta con los elementos materiales para el control de velocidad, esta función le fue entregada por ley en forma exclusiva a Carabineros de Chile y a los inspectores fiscales, por lo que los municipios y sus alcaldes carecen de jurisdicción para disponer de dicho personal y menos indicarles labores que le son privativas, por lo que el equipo arrendado a la actora dejó de ser útil para el fin contratado;

Tercero: Que el contrato que celebraron las partes, y cuya resolución se pide en estos autos, tenía como objeto el arrendamiento de equipos de registro de infracciones a límites de velocidad en la comuna de Mostazal y la prestación de los servicios complementarios que la sociedad dueña de los mismos realizaba para la supervisión técnica, mantención y traslado de los mismos, y otros, obligándose la Municipalidad a pagar mensualmente una determinada suma de dinero;

Cuarto: Que el caso fortuito o fuerza mayor, llamado también Vis Divina o Fatum Fatalitas, es definido por el Código Civil en su artículo 45 como el imprevisto a que no es posible resistir.

De esta definición se desprenden sus elementos constitutivos, a saber: 1º causa extraña al deudor o dicho en otros términos, el hecho no debe serle imputable; 2º el hecho debe ser imprevisto, imposible de conjeturar lo que ha de suceder en un cálculo de probabilidades, es decir, cuando no hay ninguna razón para creer en su realización; y 3º hecho imposible de resistir, lo que quiere decir que el hecho que ocurre es insuperable en su constitución y efectos, de manera que ni el deudor ni persona alguna que se coloque en tal situación podría impedir lo sucedido;

Quinto: Que dentro de los ejemplos que da el Código de casos fortuitos se refiere a situaciones fácticas, tales como naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos, herida, rayo, epidemia, actos de autoridad, etc

La jurisprudencia nos da otros ejemplos, tales como: mar agitado, enfermedad, ley de Moratoria, etc

Este último ejemplo, está contenido en sentencia de la Corte de Talca de 8 de agosto de 1901 (gaceta 1901, tomo II, página 251) que razona señalando que entre los actos de autoridad que menciona por vía ejemplar el artículo 45, se incluyen los que provienen del Poder Legislativo, no existiendo razón legal o de equidad para pensar otra cosa. Por eso, una ley de moratoria puede revestir los caracteres de un caso fortuito;

Sexto: Que el inciso 2º del artículo 1547 señala los efectos del caso fortuito, al preceptuar el deudor no es responsable del caso fortuito y ello es natural, toda vez que nadie puede ser obligado a lo imposible. En consecuencia si el deudor no cumple las obligaciones que contrae por la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, su incumplimiento es excusable;

Séptimo: Que la ocurrencia de caso fortuito puede liberar en parte al deudor, cuando éste tiene atinencia con una parte de la obligación contraída, ya sea en su contenido o en el tiempo, circunstancia que permite la liberación del deudor en esa parte, rigiendo en lo demás la exigibilidad de la obligación;

Octavo: Que extrapolando estos principios doctrinarios al caso sub judice y, en especial, al recurso de invalidación que se solicita por error de derecho, en él que se señalan entre otras infracciones de disposiciones legales, los artículos 45 y 1545 del Código Civil, que constituyen el meollo de la cuestión debatida, a ellos nos referiremos en los razonamientos que siguen;

Noveno: Que la recurrente considera infringido el artículo 45 del Código Civil que conceptualiza el caso fortuito o fuerza mayor como el imprevisto imposible de resistir, cuyos elementos no se dan en el presente juicio en lo que se refiere a la dictación de las leyes Nº 19.791, de 6 de febrero de 2002, y ley Nº 19.816, de 7 de agosto de 2002, que suspendió, la primera, por el plazo de 120 días, el uso de equipos de registro de infracciones, con excepción de los radares portátiles o de puño utilizados por Carabineros de Chile, y la segunda que dispuso que los equipos de registro y detección de infracciones relativas a velocidad y luz roja sólo podrán ser operados por Carabineros de Chile y por inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas, en el caso de las plazas de peaje, operación de túneles y en los tramos en que se están realizando obras de reparación y mantención de caminos públicos;

Décimo: Que en lo que se refiere a la ley Nº 19.791, no se vislumbra que su dictación excusara el cumplimiento de la obligación esencial del arrendatario, cual es el pago de la renta de arrendamiento pactada, al no darse el requisito de imposibilidad absoluta de uso de los equipos proporcionados por la arrendadora, toda vez que éstos podían ser usados por Carabineros de Chile, excepción contenida en la mencionada ley;

Undécimo: Que consecuente con lo expresado en el razonamiento que antecede, los jueces del fondo han incurrido en error de derecho al considerar que la dictación de la ley Nº 19.791 constituiría un caso fortuito o fuerza mayor que hacía inimputable el incumplimiento de la demandada de la obligación de pagar la renta, dejando sin aplicación la ley del contrato, el pacta sunt servanda contenido en el artículo 1545 del Código Civil;

Duodécimo: Que, por el contrario, la dictación de la ley 19.816 que restringió el uso de los aparatos de registro y detección de infracciones relativas a velocidad y luz roja, a plazas de peaje, operación de túneles y mantención de caminos públicos sí constituye un caso fortuito o fuerza mayor para el municipio de San Francisco de Mostazal, puesto que la restricción establecida por dicha ley dejó sin causa para la arrendataria el susodicho contrato de arrendamiento. En efecto, el motivo que indujo a la arrendataria a contratar fue el de colocar en lugares estratégicos de la comuna en los que se podía controlar las infracciones relativas a luz roja y velocidad (cláusula sexta) que la norma legal redujo a lugares donde esta posibilidad era ilusoria, dándose todos los elementos que configuran el caso fortuito o fuerza mayor;

Décimo Tercero: Que, por consiguiente, al haber resuelto los jueces del fondo de la manera que se ha dicho, han infringido las normas que han analizado, por lo que se acogerá el recurso de nulidad de fondo interpuesto.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 765, 767 y 786 del Código de Enjuiciamiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo interpuesto, en lo principal de fojas 117, por los abogados Señores Jorge Mario Saavedra Canales y José Luis Acevedo Daza, en representación de la Sociedad Aussicht Chile Ltda.., en contra de la sentencia de quince de abril de dos mil cuatro, escrita a fojas 106, la que se invalida, y se reemplaza por la que se dicta, separadamente, a continuación.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Muñoz y el Abogado Integrante señor Valdés, quienes fueron de parecer de rechazar el recurso de casación en el fondo, puesto que en su opinión la Ley Nº 19.791 constituye igualmente la causal de justificación del incumplimiento, de caso fortuito en términos similares a los expresados para la ley Nº 19.816. Lo anterior, es sin perjuicio de lo que se dirá en la sentencia de reemplazo respecto de las rentas adeudadas correspondientes al período 14 de enero al 6 de febrero de 2002, materia que no ha sido expresamente impugnado en el presente recurso.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Herrera y del voto en contra del Ministro señor Muñoz.

Regístrese.

Nº 1913-04.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sres. Sergio Muñoz G., Sra. Margarita Herreros M. y Sr. Julio Torres A. y Abogados Integrantes Sres. Oscar Herrera V. y Patricio Valdés A.

No firman los Ministros Sra. Herreros y Sr. Torres no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios la primera y haber terminado su suplencia el segundo.

Autorizado por el Secretario Sr. Carlos A. Meneses Pizarro.

Sentencia de Reemplazo.

Sentencia Corte Suprema

Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil seis.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos décimo tercero y décimo cuarto, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar, y además, presente:

Primero: Que la dictación de la ley Nº 19.791, que suspendió por el lapso de 120 días el uso de equipos de registro de infracciones, con excepción de los radares portátiles o de puño utilizados por Carabineros no puede considerarse constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor que excuse el incumplimiento de la obligación sustantiva del municipio de San Francisco de Moztazal de pagar la renta de arrendamiento pactada, por no darse el requisito de imposibilidad absoluta de uso de los mencionados equipos, toda vez que éstos podían ser usados por Carabineros de Chile y bastaba una simple gestión de la autoridad edilicia para que fueran usados por la policía uniformada, por lo que se ordenará, en lo decisorio su pago;

Segundo: Que la dictación de la ley Nº 19.816, de fecha 7 de agosto de 2002, sí constituyó para el municipio demandado caso fortuito o fuerza mayor, puesto que al restringir el uso de los aparatos de detección de infracciones de luz roja y velocidad a plazas de peaje, operación de túneles y mantención de caminos públicos, dejó sin causa, para la arrendataria, el contrato de arrendamiento sub lite, desvaneciéndose el motivo que la llevó a contratar;

Tercero: Que de acuerdo al contrato de arrendamiento y transacción agregados a los autos, la renta de arrendamiento pactada fue la suma única mensual de $8.850.000 IVA incluido;

De conformidad a lo expuesto y a lo dispuesto en los artículos 45, 1545 y 1560 del Código Civil, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia de trece de septiembre de dos mil tres, escrita a fojas 81, en cuanto no dio lugar a declarar resuelto el contrato de arrendamiento y al pago de daño emergente, y en su lugar se declara:

a) Resuelto el contrato de arrendamiento habido entre las partes;

b) Que la demandada deberá pagar al actor, por daño emergente las rentas devengadas entre el 14 de enero de 2002 y el 6 de agosto del mismo año.

Las sumas antes señaladas deberán pagarse debidamente reajustadas a contar de la notificación de la demanda y devengarán intereses en caso de que se constituya en mora la deudora.

c) Que se confirma en lo demás la señalada sentencia.

Se previene que el Ministro señor Muñoz y el Abogado Integrante señor Valdés, estuvieron por revocar el fallo apelado, sólo en cuanto a otorgar al actor la suma correspondiente al período que corre entre el 14 de enero y 6 de febrero de 2002, lapso de tiempo en que no existe justificación para incumplir lo convenido por parte de la Municipalidad. Acordado, en lo demás, con el voto en contra del expresado señor Ministro y Abogado Integrante, quienes fueron partidarios de confirmar la sentencia recurrida, en todo cuanto no se ve afectada por su prevensión.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción del abogado integrante Sr. Herrera y de la prevención y voto en contra del Ministro Sr. Muñoz.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sres. Sergio Muñoz G., Sra. Margarita Herreros M. y Sr. Julio Torres A. y Abogados Integrantes Sres. Oscar Herrera V. y Patricio Valdés A.

No firman los Ministros Sra. Herreros y Sr. Torres no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios la primera y haber terminado su suplencia el segundo.

Autorizado por el Secretario Sr. Carlos A. Meneses Pizarro.

NÚMERO ÚNICO: 33004, 33005

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